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Petróleo – Decreto PEN 272/2015

Por Amalia Saenz.

Desde inicios de enero se dispone la disolución de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas

Una de las primeras medidas de envergadura tomadas en el ámbito de la Energía y de los Recursos Naturales fue la declaración de emergencia energética, y más tarde, la disolución de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas (la “Comisión”), que por imperio del Decreto del PEN Nro. 272 se introdujo en la primera semana del año.

El antecedente de esta Comisión se remonta al año 2012, después de la nacionalización de YPF a través de la llamada Ley de Soberanía Hidrocarburífera (Ley 26.741), que declaró la expropiación del paquete accionario de YPF S.A.

A través del Decreto PEN Nº 1277, se reglamentaron algunos aspectos de la Ley de Soberanía, entre ellos, la aplicación del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas (“Plan Nacional”) dispuesto por dicha Ley.

La creación de la Comisión en la órbita de la Secretaria de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a cargo de su Secretario Sr Axel Kiciloff, fue muy cuestionada oportunamente. En especial, por que se consideraba un avance de la Nación sobre las Provincias.  

En efecto, por la Constitución Nacional de 1994 y a través de la Ley 26.197, también llamada la Ley Corta, la facultad de concesión de derechos sobre los títulos y permisos de la mayoría de las Áreas, había quedado en cabeza de los Estados Provinciales.

Básicamente, el Decreto PEN Nº 1277 retrotraía las facultades a una competencia no correspondida. La Comisión, además de aquellas responsabilidades como asegurar y promover las inversiones necesarias, también sería la encargada de elaborar anualmente el Plan Nacional  estableciendo criterios y objetivos en materia de inversiones.

El Decreto también creó un Registro Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas (el “Registro”) que funcionaría en el ámbito de la Comisión y que en cierta medida replicaba algunos requisitos que ya se encontraban en funcionamiento desde el inicio de la actividad petrolera.

Si bien fue muy discutida en nuestro ámbito el avance de la Nación sobre las potestades provinciales, desde la óptica del marco regulatorio en sí mismo, la obligación de registración parecía replicar la obligación que ya estaba instalada para los titulares de actividades de exploración, explotación, comercialización y transporte que obliga hoy a remitir anualmente información financiera y operativa, sin embargo el espíritu del Registro tenía otras implicancias.

Lo que resulta de gran relevancia y muy bienvenido, es que a través del Decreto Nro. 272, se regresan las competencias a la casa de su propietario. La autoridad ministerial es quien está en cabeza de las competencias delegadas por el Poder Ejecutivo Nacional en consistencia con los principios de la Constitución Nacional.  Energía, es la cartera del ejecutivo desde donde deben impartirse las políticas nacionales sobre exploración y producción de los recursos naturales.

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